Fusionar Los Tribunales Tributarios, una propuesta errada

María Magdalena Brzovic Orrego

Una comisión de la Convención Constitucional ha propuesto fusionar los Tribunales Tributarios y Aduaneros, incorporándolos a los Tribunales administrativos.

¿Por qué es una iniciativa errada? Un poco de historia.

La Ley 21.233 de 2009 creó estos tribunales tributarios para que, de manera especializada e independiente, resolvieran los conflictos entre el contribuyente y el SII y Aduanas. Hasta antes de su creación, las disputas fueron resueltas por un juez funcionario del propio Servicio, lo que afectó severamente el principio de imparcialidad, pues ese funcionario/juez debió atenerse a la interpretación que de las normas tributarias y aduaneras había hecho su superior jerárquico.

La creación de estos Tribunales demoró más de 10 años, y desde sus costosa e implementación ejemplar hoy cumplen una labor que en términos generales es bien evaluada por sus miembros y usuarios. El mandato legal vigente los obliga a dar garantía de legalidad, pues están compelidos a la correcta aplicación de la legislación tributaria y aduanera, materias complejas y de difícil comprensión para quienes no se dedican a estas áreas del derecho.

Fusionarlos constituye un retroceso jurisdiccional de todo lo avanzado a la fecha. No mejora el sistema, sino que lo peor, “aplanando” la justicia y socavando la especialización concretada hace ya casi 12 años. Jueces especializados pueden impartir una mejor justicia, pues comprenderán más a cabalidad las materias sometidas a su conocimiento, lo que redunda en una justicia más oportuna y eficaz.

Esto es avalado por el derecho comparado, que al tratar la “especialización”, nos enseña que es el camino seguido por distintas jurisdicciones (Alemania, Canadá, España, Reino Unido), y también a nivel nacional. Es así como existen Tribunales Laborales, Familia, Cobranza, penal, etc.

La fusión de estos Tribunales especiales, reemplazándose por otros de competencia contenciosa general, en la práctica hace imposible que puedan resolver adecuadamente todos los conflictos de especialidad que se les presenten, ya que difícilmente un solo juez podrá tener toda la preparación, conocimientos y experiencia necesarios para abordar todas las áreas particulares. Esto trae como consecuencia una evidente afectación de los derechos de los ciudadanos y, en especial, de los contribuyentes más pequeños y PYME.

Por otra parte, la iniciativa es contradictoria, ya que pretende unificar la actual justicia contenciosa administrativa en nuevos tribunales administrativos, para tener un único sistema, pero se excluyen del proceso a otros tribunales especiales como el Tribunal de Libre Competencia y los Tribunales Ambientales. A su vez, la mantención de la especialidad respecto de materias ambientales y de Libre Competencia tiene su justificación justamente en que se trata de materias especialísimas que requieren una judicatura especial que las resuelva.

Así, entonces, el argumento hace incomprensible la propuesta. ¿Si la especialidad es deseable en esas áreas, por qué no en materia de impuestos?

Eliminar la justicia especializada reportará enormes perjuicios a los contribuyentes y se perderá todo lo avanzado. Es de esperar que la cordura prime en nuestros constituyentes y se logre eliminar esta propuesta, manteniendo la especialización que conllevan estos tribunales, esenciales para la democracia y el libre emprendimiento.